Movimiento Vinotinto A.C.

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El informe de Provea sobre derechos humanos en Venezuela Carlos Nieto Palma — 27 mayo, 2016

El informe de Provea sobre derechos humanos en Venezuela Carlos Nieto Palma

 

 

Hoy quiero referirme al informe anual, recientemente presentado, por la organización no gubernamental Programa Venezolano de Educación – Acción en Derechos Humanos (PROVEA) sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela durante el año 2015.

Este es el informe número 27 que esta organización presenta desde su fundación en octubre de 1988 y que se ha convertido en referencia obligada, tanto nacional como internacionalmente, cuando se quiere conocer la situación de los derechos humanos en Venezuela, por la seriedad, objetividad y rigurosidad con la cual es hecho, involucrando en la realización del mismo a un amplio grupo de investigadores en las diferentes áreas de los derechos humanos.

Según dice Provea de este informe anual “El contexto en que se realizó esta nueva edición del Informe Anual es particularmente sensible debido a las amenazas para las garantías constitucionales y libertades democráticas, promovidas por la gestión del Presidente Nicolás Maduro a través de la creciente militarización del Estado y la sociedad, el ascenso del autoritarismo y las respuestas no democráticas frente a los reclamos ciudadanos”.

Para Provea “Las cifras disponibles revelan que las consecuencias negativas del gobierno de Nicolás Maduro han superado la contracción de derechos sociales sufrida por Venezuela durante los años de la llamada ofensiva neoliberal. Las denuncias de violaciones al derecho a la salud ascendieron a 3.719, 40% más que en 2014. Las 215 muertes registradas por Provea en contextos distintos a la OLP, sumadas a las aportadas por el Ministerio Público durante el despliegue del operativo militar-policial, arroja la cantidad de 460 casos de violaciones al derecho a la vida, lo que constituye un aumento de 109% respecto al período anterior y se ubicaría como la cifra más alta desde el período octubre 1989 a septiembre 1990. Se registraron 17.215 allanamientos, los cuales implican un incremento de 33.754% respecto del año pasado. 99,8% se cometió durante la ejecución de las razzias en los barrios populares. La profundización del deterioro de la calidad de vida de los venezolanos que se manifiesta cotidianamente en la escasez extrema de alimentos y medicinas, así como en la inflación más alta del mundo son los signos distintivos de la situación de los derechos humanos en Venezuela durante 2015. Para mayor gravedad, la respuesta del Estado se limitó a un incremento de la represión como política sistemática, lo cual solamente contribuye a debilitar aún más los derechos y libertades fundamentales de los venezolanos. Sobre la base de estas premisas el Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea) afirma que los más pobres son las principales víctimas de la ineficiencia y la represión del gobierno”.

Según el informe anual de Provea “Los sectores de menores ingresos sufrieron los mayores impactos. Los resultados de la gestión económica del gobierno del presidente Nicolás Maduro, hicieron retroceder aún más, con respecto al año anterior, los avances sociales alcanzados por su predecesor en la primera magistratura. Con el presidente Maduro la pobreza y la inflación han alcanzado niveles históricos, a tal punto que Provea ha caracterizado a su gobierno como una gran fábrica de pobreza y exclusión social”, se indica en el Informe Anual. Sostienen que el gobierno tiene un desempeño peor que los del pasado que fueron estigmatizados como neoliberales: “La inflación tuvo su nivel histórico más alto desde 1950, año en el cual el Banco Central de Venezuela comenzó a registrar dicho índice en el país. La gestión del presidente Maduro impuso un nuevo record al superar los índices más altos de inflación que hasta ahora se habían registrado y que correspondían a los años 1989 (81%); 1994 (70,8%); y 1996 (103,2%), períodos en los cuales se realizaron ajustes económicos de corte neoliberal”. Y se insiste: “Las cifras disponibles revelan que las consecuencias negativas del gobierno de Nicolás Maduro han superado la contracción de derechos sociales sufrida por Venezuela durante los años de la llamada ofensiva neoliberal”.

En la presentación del informe escuchamos los testimonios de tres víctimas de violaciones a los derechos humanos, una paciente de cáncer, un joven médico y miembros del Comité de Victimas de las OLP quienes con su experiencia propia nos reafirmaron el caos que se vive en el país. Particularmente me conmovió el testimonio de una dama víctima de las OLP quien, con la voz entrecortada, conto como su casa fue destruida y demolida por este operativo y vivía arrimada en una casa donde ella y sus hijos dormían en el piso. Igualmente el testimonio del joven médico que aseveraba que las OLP no les llevaban a los hospitales a personas heridas sino ya muertas y con tiros de gracia.

Es verdaderamente aterradora toda la información que Provea nos da en este informe sobre los derechos humanos en Venezuela, tenemos que tomar en cuenta que estos datos son del año pasado, imaginar los resultados en este año 2016 donde la situación se ha agravado de una manera importante, nos hace ver con claridad lo extremamente grave que esta la situación de los derechos humanos en Venezuela, sin duda alguna estamos ante la crisis más grande que ha vivido Venezuela en los últimos tiempos en materia de democracia y derechos humanos.

cnietopalma@gmail.com

@cnietopalma

 

Artículo publicado en la página web del Diario “El Nacional” el 27/05/2016 http://www.el-nacional.com/opinion/informe-Provea-derechos-humanos-Venezuela_0_854914577.html

 

Estado de Excepción y Emergencia Económica — 18 mayo, 2016

Estado de Excepción y Emergencia Económica

Foro por la Vida rechaza ruptura del orden constitucional

El 16 de mayo de 2016 fue publicado, en Gaceta Oficial Nº 6.227, el decreto N 2.323, mediante el cual el gobierno de Nicolás Maduro Moros declara el Estado de Excepción y de la Emergencia Económica. El decreto tiene elementos de forma y fondo que vulneran directamente los estándares asociados a este tipo de decretos. No cumple las obligaciones derivadas de los instrumentos internacionales de derechos humanos y los límites que establece la propia Constitución venezolana.

Este decreto de Estado de excepción y declaración de emergencia económica establece una ruptura del orden constitucional que coloca en situación de riesgo y vulnerabilidad al conjunto de la población venezolana, en un contexto de grave afectación de los derechos sociales dado un contexto de mucha escasez de medicinas y alimentos; además de graves problemas con el suministro regular de agua potable y electricidad. . El decreto pretende legitimar el ejercicio arbitrario y discrecional del Poder Público por parte del Ejecutivo Nacional, sin control o balance del resto de los poderes públicos. Constituye una ruptura del orden constitucional que se expresa en los siguientes aspectos:

1) Usurpación de poderes. El decreto elimina atribuciones constitucionales de la Asamblea Nacional (AN) y la califica como “peligrosa para la seguridad de la Nación, de sus ciudadanos y ciudadanas, y de su institucionalidad”. En su contenido posibilita discrecionalmente al Ejecutivo a obtener financiamiento público sin contar con las facultades de control del Poder Legislativo.

Despoja de sus atribuciones al parlamento con la suspensión de la posibilidad de sancionar políticamente a los funcionarios. De igual forma se le atribuye al Presidente la posibilidad de tomar cualquier medida adicional, de manera unilateral y discrecional, sin ningún contrapeso o control institucional.

2) Pretende dar legalidad a una doctrina que considera la Seguridad Nacional un valor superior a los derechos de las personas. Al mismo tiempo califica de hecho a toda persona o grupo que se oponga al gobierno nacional como enemigo interno. Es un instrumento que convierte en política de Estado la criminalización del derecho de los ciudadanos a denunciar, cuestionar u oponerse a los abusos o desviaciones del cumplimiento de sus deberes a la actual gestión gubernamental.

3) Suspensión indeterminada de garantías constitucionales a derechos humanos como las libertades de asociación, reunión, expresión, información y manifestación pacífica. El decreto por su ambigüedad y amplitud permite interpretaciones discrecionales y arbitrarias, lo que relativiza las obligaciones del Estado y posibilita la criminalización del ejercicio inderogable de estos derechos por parte de todas las personas.

El decreto expresamente permitiría la suspensión del derecho a la reunión pacífica con solo calificarlo como “acciones desestabilizadoras” que atenten contra la seguridad y soberanía nacional. El decreto abre la posibilidad de dictar otras medidas de orden social, político, económico y jurídico bajo el argumento de “estado de excepción”, lo que se puede traducir en la restricción ilegítima de otros derechos.

4) Promoción de mecanismos ilegales para el control del orden público, mediante la atribución de funciones de vigilancia y control para garantizar “la seguridad y soberanía del país” a grupos de filiación político-partidista (Comités Locales de Abastecimiento y Distribución-CLAP). De acuerdo al decreto, estos grupos con el apoyo de las Fuerzas Armadas, servirían para enfrentar presuntas “acciones desestabilizadoras”.

Las labores de control de orden público corresponden estrictamente a los organismos de seguridad que deben ser de carácter civil. La intervención de militares, milicias y grupos civiles en el ejercicio de estas funciones, actuando bajo doctrina o adhesión político-partidista contra posibles “enemigos internos”, genera condiciones para la violación sistemática y discriminatoria de derechos humanos.

Esta doctrina es contraria a las prácticas de respeto a las legítimas demandas y mediación de conflictos como garantía de los derechos de todas las personas en el ejercicio de su derecho a la protesta pacífica. El Estado tiene la obligación de prevenir y evitar el uso violento o abusivo del poder público contra los ciudadanos en el control de manifestaciones y en el trato hacia manifestantes.

5) Desconocimiento de pactos y tratados internacionales que coloca en peligro la garantía de los derechos humanos, al permitir la adopción de “medidas especiales en el orden de la política exterior que garanticen el ejercicio de la soberanía e impidan la injerencia extranjera”. Estas motivaciones son ajenas a una emergencia económica invocada en el referido decreto, en el cual no se especifican las garantías jurídicas restringidas y se hace uso indebido de la figura de los Estados de excepción. Mecanismo que se usa para coartar libertades, desconocer y suspender funciones fundamentales de un Estado democrático, de forma incompatible con las obligaciones de los Estados en tratados Internacionales de derechos humanos y en el derecho internacional.

6) Atribución de facultades discrecionales y arbitrarias al Presidente de la República mediante la posibilidad de dictar cualquier medida adicional, aunque no se encuentre en el actual marco jurídico venezolano, para resolver una situación calificada como “extraordinaria” y “excepcional”.

7) Prohibición de la cooperación internacional para labores calificadas como de “fines políticos” o “desestabilización de la República”, impidiendo el trabajo de las organizaciones de la sociedad civil autónomas e independientes. La medida puede ser aplicada, según el artículo 2, numeral 18, por la sola presunción del gobierno de que se realizan con la finalidad de desestabilizar el país. Ello afecta directamente el derecho a la asociación limitando las posibilidades de respuesta de la sociedad ante los graves problemas de inseguridad, alimentación y salud pública que enfrenta el país en este momento.

8) Militarización de la cadena de producción, comercialización y distribución de alimentos, así como de las fuentes de agua y zonas boscosas del país.

Por todo ello exhortamos a los Poderes Públicos del Estado venezolano que conforme al artículo 339 de la Constitución decidan y declaren la incompatibilidad del Decreto 2.323 especialmente por lo relativo a la protección y garantía de los derechos humanos. Los derechos humanos no están sujetos a ninguna “excepcionalidad”, deben preservarse en todo momento y en cualquier circunstancia.

Igualmente exhortamos a los funcionarios del ejecutivo nacional, parlamentarios y al liderazgo de los partidos políticos a establecer mecanismos de diálogo que posibiliten la resolución democrática para la grave crisis que afecta al país. Es a través de mecanismos caracterizados por la participación popular que pueden impulsarse políticas públicas que garanticen la estabilidad y debe evitarse la imposición unilateral y militarizada de medidas que no cuentan con ningún consenso público.

Solicitamos a las instancias y organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos y a todas las diversas asociaciones de la sociedad a seguir con atención la situación venezolana que atraviesa un momento de inestabilidad social, política y económica que afecta directamente a las personas que viven en Venezuela y especialmente a los sectores en condiciones de vulnerabilidad. Por ello les pedimos que nos ayuden a visibilizar esta situación y a impulsar toda acción que contribuya a la mediación, acuerdo y resolución democrática de esta crisis.

Suscriben las organizaciones de derechos humanos:

Acción Ciudadana contra el SIDA

Acción Solidaria

Caritas de Los Teques

Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello

Centro para la Paz y los DDHH de la Universidad Central de Venezuela

Comité de Familiares de las Víctimas de los Sucesos de Febrero-Marzo de 1989 (Cofavic)

Comisión de Derechos Humanos de Ayacucho

Comisión de Justicia y Paz de la Conferencia Episcopal

Comisión Justicia y Paz del Secretariado Conjunto de Religiosas y Religiosos de Venezuela (Secorve)

Comité Pro Defensa de los Derechos Humanos Familiares Víctimas del estado Falcón (COPRODEH)

Espacio Público

Observatorio Venezolano de Derechos de las Mujeres

Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (PROVEA)

Servicio Jesuita a los Refugiados (SJR)

Vicaría de Derechos Humanos de la Arquidiócesis de Caracas

Organizaciones Sociales y de Derechos Humanos no participarán en iniciativas discriminatorias promovidas por Gobierno Venezolano — 2 mayo, 2016

Organizaciones Sociales y de Derechos Humanos no participarán en iniciativas discriminatorias promovidas por Gobierno Venezolano

El gobierno del presidente Nicolás Maduro ha impulsado varias iniciativas con el objetivo de ampliar las garantías en derechos humanos en Venezuela. Sin embargo, en opinión de las organizaciones que suscribimos la presente comunicación, las mismas incumplen estándares y principios internacionales en materia de derechos humanos, no cuentan con la independencia necesaria para su funcionamiento y terminan institucionalizando la discriminación como política de Estado bajo el discurso de “derechos humanos”. 
Según el Decreto 876 publicado en la Gaceta Oficial 40.836 correspondiente al 03 de abril de 2014, se informa sobre la creación del Consejo Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) entre cuyos considerandos para su fundación se encuentra la calificación de “fascismo” y “actos terroristas” a la serie de protestas ocurridas en febrero de ese año, los cuales motivaban políticas públicas para “neutralizar a los grupos violentos promovidos por la derecha fascista venezolana”. En un comunicado el Foro por la Vida opinó que tales conceptos comprometían la integridad, imparcialidad y transparencia del Consejo, convalidando la criminalización del derecho a la reunión y manifestación pacífica. Además, la autonomía de funcionamiento de la instancia quedaba supeditada, según su artículo 1, a las “instrucciones del presidente de la República”.
En agosto de 2015 el CNDDHH realizó una consulta pública sobre una propuesta de Plan Nacional de Derechos Humanos, en la cual participamos las organizaciones independientes del país, tanto en el cuestionario digital como en la invitación que se nos realizara en la sede de la Biblioteca Nacional en Caracas. En esta reunión entregamos un documento suscrito por 40 asociaciones del país con 15 recomendaciones, las cuales no fueron tomadas en cuenta en el documento final, para cuya elaboración se prometieron nuevas reuniones que nunca fueron convocadas. El resultado fue un Plan de Derechos Humanos de naturaleza discriminatoria, mediante conceptos que no figuran ni en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela o en los estándares internacionales de derechos humanos (por ejemplo “democracia socialista” o  “visión emancipadora, crítica y alternativa de los derechos humanos”) que sólo son representativos del sector de la población que apoya la ideología del actual partido de gobierno.
En esta misma línea el pasado 12 de abril de 2016 el presidente Nicolás Maduro instaló la denominada “Comisión de la Verdad, Justicia y Reparación de las víctimas” conformada por 6 altos funcionarios gubernamentales, siendo su “Coordinador jefe” el vicepresidente Aristóbulo Istúriz, 7 miembros de organizaciones claramente comprometidas con el ideario bolivariano y 4 diputados del llamado “Bloque de la Patria”, para un total de 17 personas representantes de una parcialidad política. Según ha expresado el primer mandatario, la incorporación de 4 diputados opositores sería suficiente para que este emprendimiento sea “equilibrado”, ignorando las 4 condiciones establecidas internacionalmente para la credibilidad de una verdadera Comisión de la Verdad: a) Selección de miembros con excelente reputación moral y profesional; b) Garantizar independencia total de cualquier interferencia política; c) Establecer procedimientos transparentes para la investigación y d) Establecer un diálogo con la sociedad civil, en particular con organizaciones de víctimas, sin discriminación alguna. La intencionalidad política de esta iniciativa es tan evidente, que la cadena Telesur informó que su objetivo era “esclarecer los hechos violentos perpetrados por la derecha desde 1999” (http://bit.ly/1MtDafG).
Nuestras organizaciones continúan comprometidas con establecer los mecanismos democráticos necesarios para garantizar y ampliar la vigencia y disfrute de los derechos humanos en Venezuela, sin ningún tipo de exclusión. Por esta razón nos abstendremos de participar en cualquier iniciativa que promueva la discriminación, por motivos ideológicos o de cualquier otra índole, especialmente si intenta legitimarse bajo un falso discurso de derechos humanos. 
Adhieren
Acción Solidaria
Asociación Civil Fuerza, Unión, Justicia, Solidaridad y Paz (FUNPAZ A.C)
Asociación Venezolana para una Educación Sexual Alternativa (AVESA)
Aula Abierta Venezuela
Cátedra de Derechos Humanos de la Universidad Centro-Occidental Lisandro Alvarado
Cáritas Ciudad Bolívar
Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello
Civilis Derechos Humanos
Centro de Derechos Humanos de la Universidad Metropolitana
Centro de Justicia y Paz (CEPAZ)
Centro para la Paz y los Derechos Humanos de la UCV
Codevida
Comisión para Derechos Humanos del estado Zulia (CODHEZ)
Convite Asociación Civil
Comisión para los Derechos Humanos y la Ciudadanía
Comité de Paz y Vida, Barinas
Derechos Humanos Y@
Espacio Público
Federación Nacional de Sociedades de Padres y Representantes (FENASOPADRES)
Fundación Ensayos para el Aprendizaje Permanente (FEPAP)
Fundación para el Debido proceso (Fundepro)
Fundaval
Grupo de Trabajo de Asuntos Indígenas de la ULA
Laboratorio de Paz
Movimiento Vinotinto
Observatorio Venezolano de Conflictividad Social
Observatorio Venezolano de los Derechos Humanos de las Mujeres
Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de Los Andes
Observatorio Venezolano de Prisiones
Observatorio Venezolano de la Salud
Padres Organizados de Venezuela
Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea)
Redes Ayuda
RedDes UCLA
Red por los Derechos Humanos de Niños, Niñas y Adolescentes (REDHNNA)
Sinergia
Sociedad Hominis Iura (SOHI)
Transparencia Venezuela
Una Ventana por la Libertad
Unión Afirmativa de Venezuela
Unión Vecinal para la Participación Ciudadana
Venezuela Diversa
Diabéticos piden al Gobierno insulina para sobrevivir — 15 abril, 2016

Diabéticos piden al Gobierno insulina para sobrevivir

La Asociación Movimiento Vinotinto se unió junto a otras organizaciones a fin de hacer un llamado de atención para salvar vidas. Recolectarán firmas para contar los diábeticos tipo 1 en el centroccidente venezolano

 

Prensa Movimiento Vinotinto / @movinotinto.- La Asociación Movimiento Vinotinto se unió a @AmigosConDiabetes, @DulcesValientes, @mapanivzla y @100MilVidas para pedirle al Gobierno nacional medicinas para los distintos enfermos del país, en esta oportunidad la insulina de última generación que necesitan los diabéticos en la región.

 

Xiomara Cataldo, una de las personas afectadas y madre de un joven que sufre la enfermedad, comentó que a partir de este sábado en las inmediaciones del restaurante Tiuna, se reunirán para recolectar firmas de las personas que sufren de diabetes tipo 1 con la finalidad de contarse.

 

“Extendemos la invitación al censo que realizaremos este 16 de abril a partir de las 9:00 a.m. Buscamos organizarnos para saber qué es lo que necesitamos. En Barinas también se contarán y en Valencia están organizándose el próximo mes”.

 

La enfermedad ha recaído en niños, jóvenes y adultos quienes han retrasado su tratamiento debido a la falta de tratamiento, el cual, muchos de ellos, tuvieron hasta enero de este año.

 

“Los glucómetros, no hay catéter. No hay censores, ni reservorio, se están lesionando la piel porque lo usan más de ocho días cuando lo normal son tres. Le pedimos al Gobierno nacional que autorice los insumos y autorice divisas a las empresas que importan insulinas de última generación”.

 

Carmen Cubas, es madre de un niño de nueve años quien fue diagnosticado con diabetes tipo 1, desde entonces se le colocó una bomba de insulina que le permite recibir permanentemente una dosis mínima de insulina pero ahora tuvo que ser desconectado por la falta de insumos.
“Pedimos que se solidaricen con nosotros porque esta es una enfermedad crónica. Ahora nosotros debemos ver como su calidad de vida disminuye por una decisión política”.

 

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