Al menos la mitad de los casos del 11 de abril aún se encuentran en proceso en los tribunales venezolanos. Manuel Virguez, lanzó la campaña #DebidoProcesoEs y denunció que obligan a las personas a firmar contra la Ley Amnistía para venderles comida

Prensa Movimiento Vinotinto / @movinotinto.-  A pesar que se cumplen 14 años de los hechos suscitados el pasado 11 de abril de 2002, cuando hubo un vacío de poder tras la salida del entonces presidente de Venezuela, Hugo Chávez Frías, aún existe retraso procesal penal en las personas que fueron detenidas y que se les juzga por estos sucesos, según denunció el director de la ONG Movimiento Vinotinto, Manuel Virguez.

“Hay una dilación en referencia a las medidas humanitarias con el caso de los policías Metropolitanos. Desde hace cinco años ellos han solicitado una medida sustitutiva de privativa de libertad y no se les ha dado respuesta. El comisario Iván Simonovis tuvo que estar al borde de la muerte para que le dieran una medida de estar en su casa. Diría que de los procesos penales del 11 de abril, más de la mitad se encuentra en esas condiciones como la de los policías”.

Comentó que en una fecha como la del 11 de abril se rompió el pacto social en el país por ser el inicio de la represión en las distintas áreas sociales de los venezolanos. “Hoy existen más de 30 mil personas en todo el país que pueden ser beneficiados con una Ley Amnistía que no solo va a amnistiar a personas con procesos penales en el derecho a la protesta, al ejercicio socioeconómico, a los criminalizados por su actividad laboral o sindical”.

Manuel Virguez, aprovechó la oportunidad para además hacer oficial el lanzamiento de la campaña por las redes sociales #DebidoProcesoEs con el cual se busca informar a que la gente tiene derecho a que se les respete sus garantías mínimas para la justicia. “En Venezuela hubo muchos juicios viciados de los cuales fueron objetos miles de trabajadores de Pdvsa y de otras empresas públicas del país y los procesos penales a la disidencia política a los ciudadanos comunes. Tarde o temprano sus derechos serán reconocidos por el Estado venezolano”.

Igualmente, pidió amnistía y una medida menos gravosa para Jimmy Torres, un militar retirado, apresado el 10 de junio de 2014 cuando tomaba una foto en una protesta pacífica en la avenida Los Leones de Barquisimeto.

Obligados a firmar para venderles comida

El director de la ONG Movimiento Vinotinto, también denunció que en los estados Lara, Yaracuy y Portuguesa, obligan a algunas personas a firmar en contra de la Ley Amnistía para venderles una bolsa con comida.

“Las ventas de comida del Estado se están entregando planillas para que las personas que quieren comprar alimentos deben firmar en contra de la Ley, aquella persona que desea hacerlo, está en todo su derecho pero aquella persona que crea se siente coaccionada, realmente tiene su derecho a no caer en ese chantaje que se vive en algunas comunidades. De ser necesario denunciaremos y si es funcionario público vamos a introducirlo por lo dispuesto en la Ley de Corrupción porque se están usando los recursos del Estado”.

 

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