Movimiento Vinotinto A.C.

¡Juntos Haremos Valer tus Derechos!

Foro Democracia, Estado de Derecho y Crisis Constitucional en Venezuela — 26 enero, 2016

Foro Democracia, Estado de Derecho y Crisis Constitucional en Venezuela

eventoCAEL
Organizan Obervatorio Venezolano de Prisiones, FCAV-Comisión Nacional de Derechos Humanos y CAEL
Temario:
Designación de magistrados del TSJ por la extinta AN.
Impugnaciones de diputados, decisiones TSJ .
Salida institucional a la crisis política venezolana.
Con los ponentes
Dr. Asdrúbal Aguiar. Ex-magistrado de la Corte Interamericana.
Dr. Jorge Rosell. Ex-magistrado de la Sala Penal TSJ.
Dr. Humberto Prado. Observatorio de Prisiones
Jueves 28 de enero de 2016
Hora: 9:30 am a 12 m
Auditorio “Dr. Ramiro Montesinos”
Sede Social del Colegio de Abogados del estado Lara
Inscripción: cael.biblioteca@gmail.com
ENTRADA LIBRE- GRATIS
Solo debe formalizar su inscripción por el email indicado
Debe enviar su nombres y apellidos, número de cédula de identidad, de Inpre si es abogado, y el número de teléfono.

#LoBuenoLoMaloYLoFeo2184 — 20 enero, 2016
Lo Bueno, Lo Malo y Lo Feo del Decreto de Emergencia Economica 2.184 — 18 enero, 2016

Lo Bueno, Lo Malo y Lo Feo del Decreto de Emergencia Economica 2.184

lobuenolomaloylofeo

          A primera vista el Decreto 2.184, cuya publicación en Gaceta Oficial se dio el 14 de enero del año en curso, pareciera ser, para quien no conozca la materia constitucional, una suerte de rectificación de una maltrecha política económica del ejecutivo nacional.  El pasado viernes 15 de enero durante su memoria y cuenta, desde la sede del Palacio Federal Legislativo, El Presidente Nicolás Maduro, presento lo que bajo su perspectiva constituye parte de la solución al grave problema económico venezolano, donde tanto la escasez como el desabastecimiento o incluso la inflación, son los principales enemigos a derrotar.

            Ahora bien, la primera acotación que hay que hacer sobre el decreto, es que carece de una técnica de redacción legislativa atinente a un Decreto de esta magnitud, pues pareciera ser mas una retorica partidista al utilizar en algunos de sus considerando expresiones como “Comandante Supremo”, “Desestabilización Económica”, “Guerra Económica”, “Lucha de Clases” entre otras.

            De allí clasificación de lo que para nuestra organización constituye, Lo Bueno, Lo Malo y Lo Feo del Decreto 2.184 del 14 de enero de 2016:

Lo Bueno

              El numeral 6 del artículo 2, “Agilizar el tránsito de mercancía por puertos y aeropuertos del país”, en este sentido la simplificación de trámites, como  bien lo establece la Ley que lleva el mismo nombre, para evitar la burocracia portuaria, uno de los elementos de pérdida de confianza en nuestro país, serviría para facilitar las importaciones, mientras se reactiva el aparato productivo del país.

       El numeral 8 del artículo 2, “Requerir a empresas del sector público y privado, para incrementar sus niveles de producción”, esta es una de las peticiones que se han hecho desde distintas organizaciones políticas de todas las tendencias, gremiales, sindicales y académicas, de cara a contribuir con el incremento del maltrecho aparato productivo nacional.  Aunque surge la interrogante, ¿Cómo se hará?

           El numeral 10 del artículo 2, “Adoptar las medidas necesarias para estimular la inversión extranjera, en beneficio del desarrollo del aparato productivo nacional”, al igual que el numeral 8 del mismo artículo, esta ha sido una continua petición al ejecutivo desde distinto sectores de la vida pública, que le han solicitado el generar las condiciones para la inversión extranjera, para la mejora en la calidad de vida del país, ahora también surge la pregunta, ¿Cómo se va a hacer?

Lo Malo

            El numeral 1ro del artículo 2 refiere a “Disponer los recursos de  las economías presupuestarias del ejercicio económico financiero 2015”, es decir tomar recursos destinados por ejemplo a la educación, salud, cultura o deporte para presuntamente garantizar el cumplimiento de las metas establecidas por el ejecutivo para el tema económico.  En este numeral no se especifica de qué sector de la vida diaria del país se tomaran los recursos del ejercicio financiero, valdría la pena que se tomara del excesivo gasto militar cuya cifra real, aun es desconocida por el país.

                 El numeral 7 del artículo 2, “Dispensar de los tramites cambiarios por CENCOEX y por el Banco Central de Venezuela, a órganos y entes del sector público o privado”, cuando se refiere a esta materia el ejecutivo, surge la duda, ¿De qué manera se va a dispensar ese tramita cambiario y a quien?  Hay que recordar que por parte de voceros de los partidos de oposición y del propio chavismo, se ha denunciado la injerencia de altos personeros del Partido de Gobierno en la adjudicación de estos recursos, por lo que si se van a adjudicar, debe hacerse un seguimiento y deben generarse condiciones para la inversión, ya que sino seguirán presentándose la corrupción y la fuga de capitales de las divisas nacionales.  De allí la pregunta, ¿Se hará finalmente la unificación cambiaria?, de ser asi no es necesario este decreto, ya que CENCOEX, el BCV y el Ejecutivo Nacional cuentan con un compendio legal para materializar reformas de esta índole.

              El numeral 9 del artículo 2, “Requerir a personas naturales o jurídicas propietarias o poseedoras de los medios de transporte, canales de distribución, centros de acopio, beneficiadoras, mataderos, bienes muebles y mercancías que resulten necesarias”, En la redacción de este numeral, pudiéramos asumir la buena intención del ejecutivo en incluir a sectores que sean propietarios o posean la infraestructura necesaria para lo atinente a la cadena de distribución, sin embargo hay que tener muchísimo cuidado porque surgen varias interrogantes, ¿Cómo se va a Requerir de estas personas naturales o jurídicas?, ¿Qué implica que posean infraestructura para la cadena de distribución?, ¿La escogencia de alguna de estas personas pudiera significar que sea ocupada su infraestructura aun contra su voluntad?

            El Artículo 4, refiere a la potestad que se abroga tanto los Ministerios con competencia en materia económica, como el Banco Central de Venezuela, de establecer los niveles máximos de ingresos y egresos de la moneda venezolana en curso legal.  Esto quiere decir un control en la moneda para evitar ciertas desviaciones que ciertamente son lesivas a la economía, aunque queda la duda si en los niveles que se encuentra la moneda venezolana, realmente sea aplicable un verdadero control de ingreso y egreso, bien en efectivo o en transacciones electrónicas.  Esta medida es innecesaria, ya que para esto no se requiere un decreto de esta índole, porque las referidas instituciones ya cuentan con el marco legal para su aplicación.

            Lo Feo y Muy Feo

       El Articulo 5, “Los Poderes Públicos, Los Órganos de Seguridad Ciudadana, La Policía Administrativa, así como Las Fuerzas Armadas, están obligadas a colaborar con el cabal cumplimiento de las medidas a las que se refiere este Decreto”.  En reiteradas ocasiones nuestra organización ha advertida que la injerencia de la justicia penal, como la intervención de cuerpos de seguridad del estado, sobretodo el estamento militar, son perjudiciales para la economía y para el Estado de Derecho.  Episodios como los ocurridos en el Estado Táchira donde se incurrió en violación al domicilio de nacionales y foráneos, bajo el pretexto del combate a la “Guerra Económica”, tan solo por referirnos a una de las arbitrariedades vistas en ese lamentable episodio, suscitan la suspicacia que este articulo sea una réplica de vulneración de garantías constitucionales y universales previstas en la Constitución y en los pactos internacionales.

            Articulo 3. En su primer aparte establece, “El Presidente podrá Dictar, otras medidas de orden, social, económico o Político que estime conveniente a las circunstancias, de conformidad con los artículos 337, 338 y 339 de la Constitución de la Republica Bolivariana de Venezuela, con la finalidad de resolver la situación extraordinaria y excepcional que constituye el objeto de este Decreto e impedir la extensión de sus efectos”.

          Al igual que el artículo 5, el artículo 3 es el más susceptible de prestar discrecionalidad al ejecutivo, ya que si se revisa el concepto de lo que el Presidente de la Republica esta solicitándole a los poderes públicos, una cosa el Estado de Emergencia Económica y otra muy distinta un Estado de Excepción.  Aunque suele decirse que el Estado de Emergencia Económica es una modalidad de Estado de Excepción, precisamente se refiere a eso,  es un modo, más no el concepto pleno de Estado de Excepción.  Es facultad de la Asamblea Nacional aprobarlo o rechazarlo, del TSJ declarar su constitucionalidad, si alguno de estos poderes objeta el Decreto, queda sin efecto, ya que por parte del Poder Legislativo, no existe posibilidad al menos en la Constitución, de reformarlo.

            Aunque algunos aluden al artículo 30 de la Ley Orgánica de los Estados de Excepción,  que plantea la posibilidad de reformar el Decreto, a nuestro entender son más los perjuicios que pudiese generar la aplicación del referido Decreto, ya que el Ejecutivo cuenta con las facultades legales para hacer los ajustes en distintas materias sin necesidad de aplicar un Decreto, que puede no solo suprimir los Derechos Socioeconómicos de la población sino otros de carácter constitucional y universal.  Por tanto el Poder Legislativo debe rechazar este Decreto 2.184, planteado desde el Ejecutivo Nacional.

Litigio Estratégico, Derecho Procesal Penal y Derechos Humanos —

Litigio Estratégico, Derecho Procesal Penal y Derechos Humanos

Mostrando LITIGIO ESTRATÉGICO.jpgMostrando LITIGIO ESTRATÉGICO.jpgLitigio Estratégico, Derecho Procesal Penal y Derechos Humanos
La Comisión para los Derechos Humanos del Estado Zulia, el Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello, la División de Extensión de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas lo invitan a asistir este 21 y 22 de enero, desde las 13.00 hasta las 18.00 en el Colegio de Abogados del Estado Zulia, Maracaibo, al taller “Litigio Estratégico: Derecho Procesal Penal y Derechos Humanos.”
 
Este taller va dirigido a abogados en ejercicio y a estudiantes de Derecho del último año, tiene un costo de Bs. 2.500 y Bs. 2.000 para quienes son funcionarios públicos. Para preinscripción, debe llenarse esta planilla http://goo.gl/forms/NgcVls1bdR y esperar un correo de confirmación donde se indica la cuenta a transferir.
Esperamos contar con su presencia, para más información escriba a codhez@gmail.com o busque en nuestras redes por twitter @codhez @cdh_UCAB
Decreto 2.184 Estado de Emergencia Economica — 17 enero, 2016
Amnistía Para Todos Por Igual — 12 enero, 2016

Amnistía Para Todos Por Igual

Amnistia

                Hoy, martes 12 de enero de 2016, en el contexto de una nueva correlación de fuerzas en el parlamento nacional, vista la necesidad de enmendar situaciones donde se han vulnerado los Derechos Sociales, Civiles y Políticos de ciudadanos venezolanos y la preocupación con respecto a la situación en que se encuentran los Derechos Humanos en nuestro país, emitimos el siguiente comunicado.

            En Venezuela sistemática y progresivamente, el sistema judicial ha venido perdiendo su autonomía, lo cual lo ha convertido en un arma contra la ciudadanía venezolana, a quien se le han venido aplicando, sanciones penales en distintos momentos históricos y a distintos sectores, por ello proponemos ciertas pautas en cómo debe estar orientada un proyecto de “Ley de Amnistía General, para la Reconciliación Política y Social”, puesto que la Mesa de la Unidad Democrática presento a finales del año 2015, un proyecto denominado “Ley de Amnistía Política y Reconciliación Nacional”.  Nuestra comunicado, nace por la inquietud de convertir en beneficiarios de esta ley, no solo a quienes de otra forma accionaron estos años en la cosa política, sino quienes pertenecientes a un determinado sector, también fueron objeto de sanción.

            Comencemos por el sector político y el sector periodístico, más allá de los ataques que han derivado en agresiones de todo tipo, que han ocasionado incluso, hasta la muerte de actores políticos y periodistas, como lo es el caso de Jorge Tortosa, las sanciones penales e investigaciones para esos sectores no han estado exentos, desde 2002 hasta 2014, la criminalización de la protesta pacífica, ha sido un renglón que ha derivado en la reforma del Código Penal y del Código Orgánico Procesal Penal en 2005 y 2012, respectivamente, y la sanción de la Ley Contra la Delincuencia Organizada y el Financiamiento al Terrorismo (2012), elevando el castigo o pena de algunos delitos, en algunos casos convirtiendo faltas en delitos y en otros desvirtuando el verdadero significado de una figura de carácter penal.

            Entre 2002 y 2012, en Venezuela se registraron cerca de 160 presos por motivaciones políticas, permaneciendo de ese periodo, el Comisario Iván Simonovis y los cinco Policías Metropolitanos, al llegar el 2013 pensamos que esa cifra en Venezuela no iba a ser superada, pero desde el 15 de abril de 2013 hasta la presente fecha ha habido por motivaciones políticas cerca de 4000 detenciones por motivaciones políticas, 500 aproximadamente en las manifestaciones post electorales de 2013 y 3500 desde el 4 de febrero de 2014  hasta el día de hoy.  Es importante recordar que de esa cifra hay actualmente 80 personas en situación de privación de libertad, unos esperando juicio, otros ya condenados, por el simple hecho de ejercer su derecho a la protesta pacífica o por simplemente cargar un lente o un micrófono en el lugar que le correspondía.

            Si abordamos el sector comercial, hay que diferenciar lo que es la definición tradicional de que es un delito económico o un ilícito económico, pero en nuestro país desde el año 2010, primeramente con la Ley Contra el Acaparamiento, la Ley para el Acceso a los Bienes y Servicios y la reciente y polémica Ley de Costos y Precios Justos, nuevamente hay faltas que se han convertido en delitos y se ha tergiversado algunas figuras con motivaciones eminentemente políticas.  Esta Ley Orgánica de Costos y Precios Justos ha generado desde su entrada en vigencia cerca de 3000 procesos penales a Empresarios, Comerciantes, Microempresarios y Consumidores, permaneciendo aun cientos de estos en proceso de investigación o de pena.  Es de una claridad meridiana, que si bien algunos pudiesen haber cometido algunas conductas no éticas en la relación comercial como lo es el Contrabando, la Usura, el Acaparamiento y la Especulación, existe una desproporción en la aplicación de las penas, y en la mayoría de los casos, no existe una real situación que los enmarque en esas figuras contempladas en la propia ley.

            Así las cosas, este sector se ha visto afectado, fundamentalmente con esta última Ley de Costos y Precios Justos, porque entre otras cosas violenta, el Derecho al Debido Proceso, el Derecho a la Presunción de Inocencia y el Principio de la Proporcionalidad en el Delito, enmarcándose en una situación de indefensión al que hay que sumarle, el cuestionable origen de la Ley, así como la incorporación de elementos político propagandístico, que suma el clima de odio y resentimiento entre sectores de la población, culminando con la sumatoria de los llamados Patriotas Cooperantes en la colaboración de estos procedimientos.

            Por último el golpeado sector sindical, con líderes exiliados, con un elevado índice anual de sicariatos selectivos, dirigentes despedidos arbitrariamente sin un proceso formal y últimamente como lo presenciamos los venezolanos con los trabajadores de las empresas básicas de Guayana, con sanciones y privaciones de  libertad en situaciones donde se criminaliza el Derecho a la Protesta Laboral, con este tipo de castigos, negando el Principio a la Libertad Sindical, previsto en el artículo 95 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

           Finalmente, la necesidad que una Ley de esta dimensión beneficie a estos sectores afectados, debe considerarse también, el agotar un debate, que si bien no debe prestarse a chantajes políticos, debe convertirse en un instrumento, para lograr que accedan con Justicia, aquellos que han estado o permanecen en una situación judicial que en Democracia, no seria la acción del Estado.

Comunicado Movimiento Vinotinto ante la Sentencia de “Desacato”del TSJ —

Comunicado Movimiento Vinotinto ante la Sentencia de “Desacato”del TSJ

TSJ

Ante la continua retorica del Poder Ejecutivo, en perfecta sincronía con el Poder Judicial Venezolano, existen cuatro observaciones a la decisión de la Sala Electoral que hacemos de naturaleza meramente jurídica, por lo que resulta necesario la búsqueda anticipada a lo que pudiera representar resultados trágicos para la sociedad venezolana.

  1. El TSJ actual presenta vicios de legitimidad, bien por la escogencia de los magistrados con menos de las 2/3 partes del parlamento anterior o bien por la decisión tomada en suspender la Juramentacion de los Diputados de Amazonas, en un periodo donde no se pueden tomar decisiones de fondo.  En este sentido, a nuestro entender, se requiere de una reestructuracion negociada entre los 167 diputados del parlamento, para evitar o para salir del conflicto de poderes actual, si bien es poco probable que las fuerzas representadas en el Partido Socialista Unido de Venezuela, cedan a la negociación y menos en este plano, es una alternativa ante la ausencia de legitimidad del actual Tribunal Supremo de Justicia una nueva escogencia de las autoridades del máximo Tribunal.
  2. Ante la nueva decisión de la Sala Electoral, es una máxima que no puede decidir sobre un asunto que si bien es una decisión, es una facultad de cualquiera de las partes recurrir a la Sala Constitucional,  no puede bajo ningún precepto usurpar la decisión que constitucionalmente le corresponde es a la sala Constitucional.
  3. No puede ni se debe, dejar sin efecto la Proclamación de un diputado como bien lo establece el Articulo 200 de la CRBV, la única forma de despojarlo de su inmunidad es con un antejuicio de merito.  Ademas el CNE “Otro Poder”, legitimo a los Diputados de Amazonas, proclamandolos días posterior a la elección del 6D, lo que añade otro elemento para cuestionar la decisión.  Siempre se ha dicho que se debe agotar la via administrativa antes de proceder con una acción judicial.
  4. Por ultimo, la Asamblea Nacional es un Poder Autónomo y no puede interferir en las decisiones que tome ningún Poder Publico Nacional, salvo la declaratoria de Nulidad por vicios de inconstitucionalidad de una LEY el TSJ.
Feliz Año 2016 les desea la Familia de Movimiento Vinotinto — 1 enero, 2016
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