Análisis de Nuestra Organización ante situación de despido de trabajadores de empresas del Estado, por firmar a favor del revocatorio.
Vea el Articulo completo en el siguiente link:
Anuncios
VDenuncian que la juez aún tiene el documento en su despacho en Barquisimeto
Prensa Movimiento Vinotinto / @movinotinto.- Virginia Carrero, abogada de la Asociación de Padres y Madres por Venezuela, informó que el pasado 18 de mayo fue hasta el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), en Caracas a investigar si se había remitido a la Sala Constitucional del oficio emitido, “en correspondencia me dijeron que tampoco había llegado. En Barquisimeto me confirmaron que no le habían dado salida. Cuando lo pedí en físico, me lo negaron porque está en el despacho de la Juez, Mary Pulgar”.
Para la asesora jurídica, quedan evidenciadas las razones por la cual la juez no ha enviado el documento hasta Caracas. Carrero explicó que a los niños les han tenido que dar leche completa, “lo que afecta la flora intestinal porque ponen a trabajar sobre marcha los riñones y descompensa el estado de salud de los niños que no pueden ser amamantados por sus madres”.
Entre tanto, Ismary Quirós, subcoordinadora del Movimiento Vinotinto, comentó que han estado preocupado por el estudio realizado, en el cual el 7 % de 3500 niños censados no tienen acceso a las fórmulas lácteas. “El amparo se introdujo el 30 de marzo y exhortamos al tribunal de control a que den respuesta ante este caso, de no ser así introduciremos otro”.
Este tipo de caso vulnera el derecho socioeconómico y la calidad de vida. “Estamos hablando de niños de 0 a seis meses que no cuentan con su fórmula para tener una nutrición adecuada”.
Quirós, recordó que cualquier denuncia de violación de derechos humanos, puede comunicarse con el Movimiento Vinotinto a través de los correos: denunciasmvlara@gmail.com , movimientovinotinto@gmail.com o llamando al número de teléfono 0424 5581126.
VIDEO: https://www.youtube.com/watch?v=4qycJ3nYaNU&feature=youtu.be
Hoy quiero referirme al informe anual, recientemente presentado, por la organización no gubernamental Programa Venezolano de Educación – Acción en Derechos Humanos (PROVEA) sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela durante el año 2015.
Este es el informe número 27 que esta organización presenta desde su fundación en octubre de 1988 y que se ha convertido en referencia obligada, tanto nacional como internacionalmente, cuando se quiere conocer la situación de los derechos humanos en Venezuela, por la seriedad, objetividad y rigurosidad con la cual es hecho, involucrando en la realización del mismo a un amplio grupo de investigadores en las diferentes áreas de los derechos humanos.
Según dice Provea de este informe anual “El contexto en que se realizó esta nueva edición del Informe Anual es particularmente sensible debido a las amenazas para las garantías constitucionales y libertades democráticas, promovidas por la gestión del Presidente Nicolás Maduro a través de la creciente militarización del Estado y la sociedad, el ascenso del autoritarismo y las respuestas no democráticas frente a los reclamos ciudadanos”.
Para Provea “Las cifras disponibles revelan que las consecuencias negativas del gobierno de Nicolás Maduro han superado la contracción de derechos sociales sufrida por Venezuela durante los años de la llamada ofensiva neoliberal. Las denuncias de violaciones al derecho a la salud ascendieron a 3.719, 40% más que en 2014. Las 215 muertes registradas por Provea en contextos distintos a la OLP, sumadas a las aportadas por el Ministerio Público durante el despliegue del operativo militar-policial, arroja la cantidad de 460 casos de violaciones al derecho a la vida, lo que constituye un aumento de 109% respecto al período anterior y se ubicaría como la cifra más alta desde el período octubre 1989 a septiembre 1990. Se registraron 17.215 allanamientos, los cuales implican un incremento de 33.754% respecto del año pasado. 99,8% se cometió durante la ejecución de las razzias en los barrios populares. La profundización del deterioro de la calidad de vida de los venezolanos que se manifiesta cotidianamente en la escasez extrema de alimentos y medicinas, así como en la inflación más alta del mundo son los signos distintivos de la situación de los derechos humanos en Venezuela durante 2015. Para mayor gravedad, la respuesta del Estado se limitó a un incremento de la represión como política sistemática, lo cual solamente contribuye a debilitar aún más los derechos y libertades fundamentales de los venezolanos. Sobre la base de estas premisas el Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea) afirma que los más pobres son las principales víctimas de la ineficiencia y la represión del gobierno”.
Según el informe anual de Provea “Los sectores de menores ingresos sufrieron los mayores impactos. Los resultados de la gestión económica del gobierno del presidente Nicolás Maduro, hicieron retroceder aún más, con respecto al año anterior, los avances sociales alcanzados por su predecesor en la primera magistratura. Con el presidente Maduro la pobreza y la inflación han alcanzado niveles históricos, a tal punto que Provea ha caracterizado a su gobierno como una gran fábrica de pobreza y exclusión social”, se indica en el Informe Anual. Sostienen que el gobierno tiene un desempeño peor que los del pasado que fueron estigmatizados como neoliberales: “La inflación tuvo su nivel histórico más alto desde 1950, año en el cual el Banco Central de Venezuela comenzó a registrar dicho índice en el país. La gestión del presidente Maduro impuso un nuevo record al superar los índices más altos de inflación que hasta ahora se habían registrado y que correspondían a los años 1989 (81%); 1994 (70,8%); y 1996 (103,2%), períodos en los cuales se realizaron ajustes económicos de corte neoliberal”. Y se insiste: “Las cifras disponibles revelan que las consecuencias negativas del gobierno de Nicolás Maduro han superado la contracción de derechos sociales sufrida por Venezuela durante los años de la llamada ofensiva neoliberal”.
En la presentación del informe escuchamos los testimonios de tres víctimas de violaciones a los derechos humanos, una paciente de cáncer, un joven médico y miembros del Comité de Victimas de las OLP quienes con su experiencia propia nos reafirmaron el caos que se vive en el país. Particularmente me conmovió el testimonio de una dama víctima de las OLP quien, con la voz entrecortada, conto como su casa fue destruida y demolida por este operativo y vivía arrimada en una casa donde ella y sus hijos dormían en el piso. Igualmente el testimonio del joven médico que aseveraba que las OLP no les llevaban a los hospitales a personas heridas sino ya muertas y con tiros de gracia.
Es verdaderamente aterradora toda la información que Provea nos da en este informe sobre los derechos humanos en Venezuela, tenemos que tomar en cuenta que estos datos son del año pasado, imaginar los resultados en este año 2016 donde la situación se ha agravado de una manera importante, nos hace ver con claridad lo extremamente grave que esta la situación de los derechos humanos en Venezuela, sin duda alguna estamos ante la crisis más grande que ha vivido Venezuela en los últimos tiempos en materia de democracia y derechos humanos.
@cnietopalma
Artículo publicado en la página web del Diario “El Nacional” el 27/05/2016 http://www.el-nacional.com/opinion/informe-Provea-derechos-humanos-Venezuela_0_854914577.html
Foro por la Vida rechaza ruptura del orden constitucional
El 16 de mayo de 2016 fue publicado, en Gaceta Oficial Nº 6.227, el decreto N 2.323, mediante el cual el gobierno de Nicolás Maduro Moros declara el Estado de Excepción y de la Emergencia Económica. El decreto tiene elementos de forma y fondo que vulneran directamente los estándares asociados a este tipo de decretos. No cumple las obligaciones derivadas de los instrumentos internacionales de derechos humanos y los límites que establece la propia Constitución venezolana.
Este decreto de Estado de excepción y declaración de emergencia económica establece una ruptura del orden constitucional que coloca en situación de riesgo y vulnerabilidad al conjunto de la población venezolana, en un contexto de grave afectación de los derechos sociales dado un contexto de mucha escasez de medicinas y alimentos; además de graves problemas con el suministro regular de agua potable y electricidad. . El decreto pretende legitimar el ejercicio arbitrario y discrecional del Poder Público por parte del Ejecutivo Nacional, sin control o balance del resto de los poderes públicos. Constituye una ruptura del orden constitucional que se expresa en los siguientes aspectos:
1) Usurpación de poderes. El decreto elimina atribuciones constitucionales de la Asamblea Nacional (AN) y la califica como “peligrosa para la seguridad de la Nación, de sus ciudadanos y ciudadanas, y de su institucionalidad”. En su contenido posibilita discrecionalmente al Ejecutivo a obtener financiamiento público sin contar con las facultades de control del Poder Legislativo.
Despoja de sus atribuciones al parlamento con la suspensión de la posibilidad de sancionar políticamente a los funcionarios. De igual forma se le atribuye al Presidente la posibilidad de tomar cualquier medida adicional, de manera unilateral y discrecional, sin ningún contrapeso o control institucional.
2) Pretende dar legalidad a una doctrina que considera la Seguridad Nacional un valor superior a los derechos de las personas. Al mismo tiempo califica de hecho a toda persona o grupo que se oponga al gobierno nacional como enemigo interno. Es un instrumento que convierte en política de Estado la criminalización del derecho de los ciudadanos a denunciar, cuestionar u oponerse a los abusos o desviaciones del cumplimiento de sus deberes a la actual gestión gubernamental.
3) Suspensión indeterminada de garantías constitucionales a derechos humanos como las libertades de asociación, reunión, expresión, información y manifestación pacífica. El decreto por su ambigüedad y amplitud permite interpretaciones discrecionales y arbitrarias, lo que relativiza las obligaciones del Estado y posibilita la criminalización del ejercicio inderogable de estos derechos por parte de todas las personas.
El decreto expresamente permitiría la suspensión del derecho a la reunión pacífica con solo calificarlo como “acciones desestabilizadoras” que atenten contra la seguridad y soberanía nacional. El decreto abre la posibilidad de dictar otras medidas de orden social, político, económico y jurídico bajo el argumento de “estado de excepción”, lo que se puede traducir en la restricción ilegítima de otros derechos.
4) Promoción de mecanismos ilegales para el control del orden público, mediante la atribución de funciones de vigilancia y control para garantizar “la seguridad y soberanía del país” a grupos de filiación político-partidista (Comités Locales de Abastecimiento y Distribución-CLAP). De acuerdo al decreto, estos grupos con el apoyo de las Fuerzas Armadas, servirían para enfrentar presuntas “acciones desestabilizadoras”.
Las labores de control de orden público corresponden estrictamente a los organismos de seguridad que deben ser de carácter civil. La intervención de militares, milicias y grupos civiles en el ejercicio de estas funciones, actuando bajo doctrina o adhesión político-partidista contra posibles “enemigos internos”, genera condiciones para la violación sistemática y discriminatoria de derechos humanos.
Esta doctrina es contraria a las prácticas de respeto a las legítimas demandas y mediación de conflictos como garantía de los derechos de todas las personas en el ejercicio de su derecho a la protesta pacífica. El Estado tiene la obligación de prevenir y evitar el uso violento o abusivo del poder público contra los ciudadanos en el control de manifestaciones y en el trato hacia manifestantes.
5) Desconocimiento de pactos y tratados internacionales que coloca en peligro la garantía de los derechos humanos, al permitir la adopción de “medidas especiales en el orden de la política exterior que garanticen el ejercicio de la soberanía e impidan la injerencia extranjera”. Estas motivaciones son ajenas a una emergencia económica invocada en el referido decreto, en el cual no se especifican las garantías jurídicas restringidas y se hace uso indebido de la figura de los Estados de excepción. Mecanismo que se usa para coartar libertades, desconocer y suspender funciones fundamentales de un Estado democrático, de forma incompatible con las obligaciones de los Estados en tratados Internacionales de derechos humanos y en el derecho internacional.
6) Atribución de facultades discrecionales y arbitrarias al Presidente de la República mediante la posibilidad de dictar cualquier medida adicional, aunque no se encuentre en el actual marco jurídico venezolano, para resolver una situación calificada como “extraordinaria” y “excepcional”.
7) Prohibición de la cooperación internacional para labores calificadas como de “fines políticos” o “desestabilización de la República”, impidiendo el trabajo de las organizaciones de la sociedad civil autónomas e independientes. La medida puede ser aplicada, según el artículo 2, numeral 18, por la sola presunción del gobierno de que se realizan con la finalidad de desestabilizar el país. Ello afecta directamente el derecho a la asociación limitando las posibilidades de respuesta de la sociedad ante los graves problemas de inseguridad, alimentación y salud pública que enfrenta el país en este momento.
8) Militarización de la cadena de producción, comercialización y distribución de alimentos, así como de las fuentes de agua y zonas boscosas del país.
Por todo ello exhortamos a los Poderes Públicos del Estado venezolano que conforme al artículo 339 de la Constitución decidan y declaren la incompatibilidad del Decreto 2.323 especialmente por lo relativo a la protección y garantía de los derechos humanos. Los derechos humanos no están sujetos a ninguna “excepcionalidad”, deben preservarse en todo momento y en cualquier circunstancia.
Igualmente exhortamos a los funcionarios del ejecutivo nacional, parlamentarios y al liderazgo de los partidos políticos a establecer mecanismos de diálogo que posibiliten la resolución democrática para la grave crisis que afecta al país. Es a través de mecanismos caracterizados por la participación popular que pueden impulsarse políticas públicas que garanticen la estabilidad y debe evitarse la imposición unilateral y militarizada de medidas que no cuentan con ningún consenso público.
Solicitamos a las instancias y organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos y a todas las diversas asociaciones de la sociedad a seguir con atención la situación venezolana que atraviesa un momento de inestabilidad social, política y económica que afecta directamente a las personas que viven en Venezuela y especialmente a los sectores en condiciones de vulnerabilidad. Por ello les pedimos que nos ayuden a visibilizar esta situación y a impulsar toda acción que contribuya a la mediación, acuerdo y resolución democrática de esta crisis.
Suscriben las organizaciones de derechos humanos:
Acción Ciudadana contra el SIDA
Acción Solidaria
Caritas de Los Teques
Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello
Centro para la Paz y los DDHH de la Universidad Central de Venezuela
Comité de Familiares de las Víctimas de los Sucesos de Febrero-Marzo de 1989 (Cofavic)
Comisión de Derechos Humanos de Ayacucho
Comisión de Justicia y Paz de la Conferencia Episcopal
Comisión Justicia y Paz del Secretariado Conjunto de Religiosas y Religiosos de Venezuela (Secorve)
Comité Pro Defensa de los Derechos Humanos Familiares Víctimas del estado Falcón (COPRODEH)
Espacio Público
Observatorio Venezolano de Derechos de las Mujeres
Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (PROVEA)
Servicio Jesuita a los Refugiados (SJR)
Vicaría de Derechos Humanos de la Arquidiócesis de Caracas
Alerta el Movimiento Vinotinto
Estado de Excepción pone en peligro
Derechos civiles y políticos de ciudadanos
Manuel Virguez ve con preocupación facultades que da el decreto al Banco Central de Venezuela
Prensa Movimiento Vinotinto / @movinotinto.-El director del Movimiento Vinotinto, Manuel Virgüez, rechazó de manera contundente el decreto de Estado de Excepción que hizo el Gobierno de Nicolás Maduro, pues para él es ambiguo al no explicar con claridad algunos artículos.
“Coloca en entredicho y en un grave nivel de peligrosidad los derechos civiles y políticos de la Constitución y los pactos internacionales suscritos por la República Bolivariana de Venezuela”.
Virguez ve con preocupación el hecho de que el Banco Central de Venezuela (BCV), tenga la facultad de designar las cantidades mínimas y máximas de dinero de los ciudadanos así como también las transferencias que realicen.
“Si va a resolver el problema y se va a implementar es positiva. Lo que no se puede es abrogar la facultad plena y potenciaría de que el BCV disponga de los activos de las personas porque hablaríamos de un corralito económico”.
Otro de los puntos que resaltó del Estado de Excepción es la participación de los funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) pueda implementar medidas excepcionales para garantizar el orden público cuando existan acciones desestabilizadoras.
“Nos llama la atención el carácter de legalidad que se les da al Consejo local de abastecimiento y producción (CLAP), que podrán actuar en conjunto con los órganos de seguridad. Les da la facultad de vigilancia para la correcta comercialización de productos de primera necesidad que nos recuerda la Ley de Inteligencia y contrainteligencia”.
Saqueos en ascenso
Manuel Virguez, también detalló que han registrado en el Movimiento Vinotinto al menos, 146 saqueos o conatos de saqueos en todo el país, nueve de los cuales han sido en el estado Lara. “También ha habido cerca de 200 protestas por falta de alimentos en toda Venezuela y unas 1100 detenciones y nos preocupa si estas medidas excepcionales serán para resguardar desordenes públicos o para criminalizar la disidencia política”, puntualizó.
Manuel Virguez hizo un llamado al Colegio de Abogados a declararse en asamblea permanente porque por primera vez el poder judicial le cierra las puertas a la ciudadanía
Prensa Movimiento Vinotinto / @movinotinto.-El abogado Manuel Virguez, director de la Asociación Civil Movimiento Vinotinto, vio con preocupación las medidas tomadas por el ejecutivo nacional el cual ordenó a los entes públicos no trabajar los días miércoles, jueves y viernes, a fin de ahorrar energía electrica.
“Calculamos que pudira haber 60 % de retardo procesal en Venezuela si se acata esta norma y conversando con expertos en la materia, aseguraron que las personas consumen más energía en sus hogares que en sus puestos de trabajo”.
Virguez recordó algunas cifras emitidas por la ONG Acceso a la Justicia, que desde el año 2001 al 2015, más de 30 % de los trbunales penales “no han publicado de manera efectiva la gestión judicial de cada uno de ellos”.
También explicó que según el Observatorio Nacional de Prisiones, el cual preside Humberto Prado, estimaron que para el año 2014, había un hacinamiento de 195 %, el cual pudiera aumentar con la falta de trabajo en los tribunales venezolanos.
“Nos llama la atención estos precedentes porque incluso, la principal queja de los familiares de los privados de libertad es el retraso del proceso judicial (…) Queremos hacer un exhorto a las ONG y a los gremios como el Colegio de Abogados para declararnos en asamblea permanente porque usted nunca antes se había visto que el poder judicial le cierre las puertas a la ciudadanía”.
Sin censura
El director de la Asociación Civil, Movimiento Vinotinto, también rechazó la muerte de la periodista del estado Bolívar, involucrada con la masacre de Tumeremo, la cual fue asesinada en días pasados.
Aseveró que deber haber libertad de prensa y acceso a la información. En el caso de Lara, nombró que recientemente a la corresponsal de El Pitazo, Keren Torres, unos funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana, le quisieron prohibir que grabara a unas personas que hacían colas para comprar comida, al oeste de Barquisimeto.
Recuerde que cualquier denuncia de violación de derechos humanos, puede comunicarse con el movimiento vinotinto a través de los correos: denunciasmvlara@gmail.com ,movimientovinotinto@gmail.com o llamando al número de teléfono 0424 5581126.
VIDEO EN NUESTRO CANAL DE YOUTUBEhttps://youtu.be/PcWsyGKgeTY
El gobierno del presidente Nicolás Maduro ha impulsado varias iniciativas con el objetivo de ampliar las garantías en derechos humanos en Venezuela. Sin embargo, en opinión de las organizaciones que suscribimos la presente comunicación, las mismas incumplen estándares y principios internacionales en materia de derechos humanos, no cuentan con la independencia necesaria para su funcionamiento y terminan institucionalizando la discriminación como política de Estado bajo el discurso de “derechos humanos”.
Según el Decreto 876 publicado en la Gaceta Oficial 40.836 correspondiente al 03 de abril de 2014, se informa sobre la creación del Consejo Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) entre cuyos considerandos para su fundación se encuentra la calificación de “fascismo” y “actos terroristas” a la serie de protestas ocurridas en febrero de ese año, los cuales motivaban políticas públicas para “neutralizar a los grupos violentos promovidos por la derecha fascista venezolana”. En un comunicado el Foro por la Vida opinó que tales conceptos comprometían la integridad, imparcialidad y transparencia del Consejo, convalidando la criminalización del derecho a la reunión y manifestación pacífica. Además, la autonomía de funcionamiento de la instancia quedaba supeditada, según su artículo 1, a las “instrucciones del presidente de la República”.
En agosto de 2015 el CNDDHH realizó una consulta pública sobre una propuesta de Plan Nacional de Derechos Humanos, en la cual participamos las organizaciones independientes del país, tanto en el cuestionario digital como en la invitación que se nos realizara en la sede de la Biblioteca Nacional en Caracas. En esta reunión entregamos un documento suscrito por 40 asociaciones del país con 15 recomendaciones, las cuales no fueron tomadas en cuenta en el documento final, para cuya elaboración se prometieron nuevas reuniones que nunca fueron convocadas. El resultado fue un Plan de Derechos Humanos de naturaleza discriminatoria, mediante conceptos que no figuran ni en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela o en los estándares internacionales de derechos humanos (por ejemplo “democracia socialista” o “visión emancipadora, crítica y alternativa de los derechos humanos”) que sólo son representativos del sector de la población que apoya la ideología del actual partido de gobierno.
En esta misma línea el pasado 12 de abril de 2016 el presidente Nicolás Maduro instaló la denominada “Comisión de la Verdad, Justicia y Reparación de las víctimas” conformada por 6 altos funcionarios gubernamentales, siendo su “Coordinador jefe” el vicepresidente Aristóbulo Istúriz, 7 miembros de organizaciones claramente comprometidas con el ideario bolivariano y 4 diputados del llamado “Bloque de la Patria”, para un total de 17 personas representantes de una parcialidad política. Según ha expresado el primer mandatario, la incorporación de 4 diputados opositores sería suficiente para que este emprendimiento sea “equilibrado”, ignorando las 4 condiciones establecidas internacionalmente para la credibilidad de una verdadera Comisión de la Verdad: a) Selección de miembros con excelente reputación moral y profesional; b) Garantizar independencia total de cualquier interferencia política; c) Establecer procedimientos transparentes para la investigación y d) Establecer un diálogo con la sociedad civil, en particular con organizaciones de víctimas, sin discriminación alguna. La intencionalidad política de esta iniciativa es tan evidente, que la cadena Telesur informó que su objetivo era “esclarecer los hechos violentos perpetrados por la derecha desde 1999” (http://bit.ly/1MtDafG).
Nuestras organizaciones continúan comprometidas con establecer los mecanismos democráticos necesarios para garantizar y ampliar la vigencia y disfrute de los derechos humanos en Venezuela, sin ningún tipo de exclusión. Por esta razón nos abstendremos de participar en cualquier iniciativa que promueva la discriminación, por motivos ideológicos o de cualquier otra índole, especialmente si intenta legitimarse bajo un falso discurso de derechos humanos.
Adhieren
Acción Solidaria
Asociación Civil Fuerza, Unión, Justicia, Solidaridad y Paz (FUNPAZ A.C)
Asociación Venezolana para una Educación Sexual Alternativa (AVESA)
Aula Abierta Venezuela
Cátedra de Derechos Humanos de la Universidad Centro-Occidental Lisandro Alvarado
Cáritas Ciudad Bolívar
Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello
Civilis Derechos Humanos
Centro de Derechos Humanos de la Universidad Metropolitana
Centro de Justicia y Paz (CEPAZ)
Centro para la Paz y los Derechos Humanos de la UCV
Codevida
Comisión para Derechos Humanos del estado Zulia (CODHEZ)
Convite Asociación Civil
Comisión para los Derechos Humanos y la Ciudadanía
Comité de Paz y Vida, Barinas
Derechos Humanos Y@
Espacio Público
Federación Nacional de Sociedades de Padres y Representantes (FENASOPADRES)
Fundación Ensayos para el Aprendizaje Permanente (FEPAP)
Fundación para el Debido proceso (Fundepro)
Fundaval
Grupo de Trabajo de Asuntos Indígenas de la ULA
Laboratorio de Paz
Movimiento Vinotinto
Observatorio Venezolano de Conflictividad Social
Observatorio Venezolano de los Derechos Humanos de las Mujeres
Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de Los Andes
Observatorio Venezolano de Prisiones
Observatorio Venezolano de la Salud
Padres Organizados de Venezuela
Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea)
Redes Ayuda
RedDes UCLA
Red por los Derechos Humanos de Niños, Niñas y Adolescentes (REDHNNA)
Sinergia
Sociedad Hominis Iura (SOHI)
Transparencia Venezuela
Una Ventana por la Libertad
Unión Afirmativa de Venezuela
Unión Vecinal para la Participación Ciudadana
Venezuela Diversa
La Asociación Movimiento Vinotinto se unió junto a otras organizaciones a fin de hacer un llamado de atención para salvar vidas. Recolectarán firmas para contar los diábeticos tipo 1 en el centroccidente venezolano
Prensa Movimiento Vinotinto / @movinotinto.- La Asociación Movimiento Vinotinto se unió a @AmigosConDiabetes, @DulcesValientes, @mapanivzla y @100MilVidas para pedirle al Gobierno nacional medicinas para los distintos enfermos del país, en esta oportunidad la insulina de última generación que necesitan los diabéticos en la región.
Xiomara Cataldo, una de las personas afectadas y madre de un joven que sufre la enfermedad, comentó que a partir de este sábado en las inmediaciones del restaurante Tiuna, se reunirán para recolectar firmas de las personas que sufren de diabetes tipo 1 con la finalidad de contarse.
“Extendemos la invitación al censo que realizaremos este 16 de abril a partir de las 9:00 a.m. Buscamos organizarnos para saber qué es lo que necesitamos. En Barinas también se contarán y en Valencia están organizándose el próximo mes”.
La enfermedad ha recaído en niños, jóvenes y adultos quienes han retrasado su tratamiento debido a la falta de tratamiento, el cual, muchos de ellos, tuvieron hasta enero de este año.
“Los glucómetros, no hay catéter. No hay censores, ni reservorio, se están lesionando la piel porque lo usan más de ocho días cuando lo normal son tres. Le pedimos al Gobierno nacional que autorice los insumos y autorice divisas a las empresas que importan insulinas de última generación”.
Carmen Cubas, es madre de un niño de nueve años quien fue diagnosticado con diabetes tipo 1, desde entonces se le colocó una bomba de insulina que le permite recibir permanentemente una dosis mínima de insulina pero ahora tuvo que ser desconectado por la falta de insumos.
“Pedimos que se solidaricen con nosotros porque esta es una enfermedad crónica. Ahora nosotros debemos ver como su calidad de vida disminuye por una decisión política”.
Al menos la mitad de los casos del 11 de abril aún se encuentran en proceso en los tribunales venezolanos. Manuel Virguez, lanzó la campaña #DebidoProcesoEs y denunció que obligan a las personas a firmar contra la Ley Amnistía para venderles comida
Prensa Movimiento Vinotinto / @movinotinto.- A pesar que se cumplen 14 años de los hechos suscitados el pasado 11 de abril de 2002, cuando hubo un vacío de poder tras la salida del entonces presidente de Venezuela, Hugo Chávez Frías, aún existe retraso procesal penal en las personas que fueron detenidas y que se les juzga por estos sucesos, según denunció el director de la ONG Movimiento Vinotinto, Manuel Virguez.
“Hay una dilación en referencia a las medidas humanitarias con el caso de los policías Metropolitanos. Desde hace cinco años ellos han solicitado una medida sustitutiva de privativa de libertad y no se les ha dado respuesta. El comisario Iván Simonovis tuvo que estar al borde de la muerte para que le dieran una medida de estar en su casa. Diría que de los procesos penales del 11 de abril, más de la mitad se encuentra en esas condiciones como la de los policías”.
Comentó que en una fecha como la del 11 de abril se rompió el pacto social en el país por ser el inicio de la represión en las distintas áreas sociales de los venezolanos. “Hoy existen más de 30 mil personas en todo el país que pueden ser beneficiados con una Ley Amnistía que no solo va a amnistiar a personas con procesos penales en el derecho a la protesta, al ejercicio socioeconómico, a los criminalizados por su actividad laboral o sindical”.
Manuel Virguez, aprovechó la oportunidad para además hacer oficial el lanzamiento de la campaña por las redes sociales #DebidoProcesoEs con el cual se busca informar a que la gente tiene derecho a que se les respete sus garantías mínimas para la justicia. “En Venezuela hubo muchos juicios viciados de los cuales fueron objetos miles de trabajadores de Pdvsa y de otras empresas públicas del país y los procesos penales a la disidencia política a los ciudadanos comunes. Tarde o temprano sus derechos serán reconocidos por el Estado venezolano”.
Igualmente, pidió amnistía y una medida menos gravosa para Jimmy Torres, un militar retirado, apresado el 10 de junio de 2014 cuando tomaba una foto en una protesta pacífica en la avenida Los Leones de Barquisimeto.
Obligados a firmar para venderles comida
El director de la ONG Movimiento Vinotinto, también denunció que en los estados Lara, Yaracuy y Portuguesa, obligan a algunas personas a firmar en contra de la Ley Amnistía para venderles una bolsa con comida.
“Las ventas de comida del Estado se están entregando planillas para que las personas que quieren comprar alimentos deben firmar en contra de la Ley, aquella persona que desea hacerlo, está en todo su derecho pero aquella persona que crea se siente coaccionada, realmente tiene su derecho a no caer en ese chantaje que se vive en algunas comunidades. De ser necesario denunciaremos y si es funcionario público vamos a introducirlo por lo dispuesto en la Ley de Corrupción porque se están usando los recursos del Estado”.
Venezuela, 03 abril 2016: La Red Venezolana de Gente Positiva (RVG+), las Organizaciones de la Sociedad Civil, Ciudadanas y Ciudadanos abajo firmantes manifiestan a la opinión pública su preocupación por más de 61.686 personas con VIH[1] quienes sus vidas y salud se encuentran amenazadas, debido a que la cantidad de 30 tipos de medicamentos antirretrovirales disponibles en Venezuela se agotarán totalmente en el venidero mes de junio del año 2016. El resto del año estas personas con VIH no podrán ingerir sus medicinas.
La causa principal de esta irregularidad: La Ministra de Salud de Venezuela Luisana Melo no realizó las compras del 90% de estas medicinas por un monto de 32 millones de dólares americanos al Fondo Estratégico de Medicamentos (FEM) de la Organización Panamericana de la Salud (OPS).
Se conoce que los trámites se iniciaron en la gestión anterior durante el último trimestre de 2015. Además, se necesitan nueve meses adicionales para completar todo el complejo, largo y burocrático proceso del Gobierno de Venezuela y la OPS que consta de las siguientes etapas: entrega de planes y actualización de necesidades de antirretrovirales, entrega de 32 millones de dólares americanos al FEM, licitación global del FEM, revisión y aprobación de documentos, revisión y aprobación del control de calidad de antirretrovirales, compra de medicinas, traslado desde el exterior hasta Venezuela, proceso de nacionalización, traslado desde la aduana al SUMED SEFAR en Caracas, recepción, inventario, transporte y distribución desde Caracas hacia todas las farmacias ubicadas en las 24 entidades federales, personas con VIH retiran sus medicinas en las farmacias, hasta que finalmente lleguen los antirretrovirales a los estómagos de las personas con VIH.
Destacamos que Venezuela requiere 71 millones de dólares americanos[2] para ser invertidos en la compra del 100% de los medicamentos antirretrovirales, otros fármacos, materiales e insumos destinados para la prevención, atención y tratamientos del VIH, según informaciones emanadas por el Ministerio de Salud.
[1] Datos publicados en la página Web del Ministerio del Poder Popular para la Salud, en el artículo con el título “Más de 61 personas con VIH/SIDA reciben tratamiento gratuito en Venezuela“, disponible en http://www.mpps.gob.ve/index.php?option=com_content&view=article&id=11749&Itemid=18
[2] Ibis.
NOTA: El comunicado completo de la Red Venezolana de Gente Positiva y sus aliados está disponible en http://www.accsi.org.ve/antirretrovirales/comunicado-a-la-opinion-publica-100-organizaciones-y-personas-exigen-a-minsalud-compra-urgente-de-medicinas-para-vih.html
Página Web de la Red Venezolana de Gente Positiva: http://www.rvg.org.ve/
Comentarios recientes